Las voces de Todas y Todos
Viernes 9 de octubre, Plaza de los Dos Congresos, la Cámara de Senadores de la Nación entrará en sesión, son aproximadamente las 17 horas.
Afuera del recinto, organizaciones de todo Buenos Aires y algunas provincias se reunían para este día histórico en el que después de 26 años, se votaría el proyecto que contaba la media sanción de la Cámara de Diputados, para dar vigencia a una nueva Ley de Radiodifusión.
Esta Ley, era la primera tras tantos años de democracia en llegar al Congreso, en este caso impulsada por el Poder Ejecutivo a cargo de Cristina Fernández. El acto fue convocado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que inició hace 5 años la Iniciativa Ciudadana de “21 punto” por una nueva Ley de Radiodifusión, que a lo largo de este tiempo ha reunido el apoyo de personalidades como las Madres de Plaza de Mayo; Julio Piumato, representante del área de derechos humanos de la CGT; Tito Nenna; Hugo Yasky, secretario de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
El día 27 de agosto, en un acto por el día de la Radio, la Presidenta de la Nación hizo la presentación formal del proyecto de Ley que enviaría al Congreso de la Nación, lo que desató el descontento de ciertos sectores, que se denominan opositores, pero que sancionada la ley verían afectados sus intereses económicos.
Los principales puntos fuertes de la ley, apuntan al fin del monopolio y la regulación de los servicios de televisión por cable, Internet y televisión satelital, para los que la el decreto ley vigente hasta entonces no tenía marco regulatorio.
Tras una semana de agitadas audiencias públicas y un fuerte debate en las comisiones internas del Senado de la Nación encargadas de discutir el proyecto, llegaba la hora de la discusión final. El día 10 de octubre por la madrugada se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con 44 votos a favor y 24 votos en contra, que cerró la etapa de vigencia de una ley promulgada por la nefasta dictadura militar que usurpó el poder en los años 70.
Afuera del recinto, aquellas personas que pudieron seguir hasta el final la vigilia en la plaza, festejaron de la mano de artistas que se sumaron a la iniciativa de un nuevo espacio para la comunicación.
La Ley de la Dictadura
Sancionada en septiembre del año 1980, por el entonces jefe de la Junta Militar, general Jorge Rafael Videla, la Ley 22.285, establecía las políticas y las bases sobre las cuales debían desarrollarse los servicios de radiodifusión.
Ya en democracia, el primer presidente Alfonsín tuvo dos intentos fallidos de modificación de la legislación vigente por aquel entonces. Sin embargo, en el año 1989, durante la primera presidencia de Carlos Menem, se derogó el articulo 45 de la ley, que prohibía a las empresas periodísticas extender su actividad hacía la radiofonía o la televisión. Luego, en el año 1999, mediante un decreto de necesidad y urgencia, modificó una de las bases de la ley, hasta aquel momento había un máximo de 4 licencias por personas jurídicas. Con la aplicación del decreto se permitieron hasta 24 licencias de radio o televisión en todo el país.
Tras el 2001, siendo Eduardo Duhalde presidente, éste aprobó un decreto que modificó el artículo 11 de la ley 22.285 permitiendo a los municipios la propiedad de un canal de cable abierta y una radio AM.
Un paso fundamental fue la modificación que ocurrió en el año 2005, que permitió a las cooperativas y mutuales ser propietarias de medios de comunicación.
El objeto del nuevo proyecto de Ley, es otorgar una marco regulatorio a todos los servicios de comunicación, más allá del soporte técnico usado para su trasmisión. De esta forma se busca garantizar la pluralidad y diversidad, desde concebir a la información como un derecho humano al igual que la libertad de expresión.
De una naturaleza opuesta a la Ley 22.285, como aspecto principal apunta hacia la ruptura de los monopolios conformados a partir de las modificaciones de los últimos años. A partir de ello, se establecen tres tipos de prestatarios para los servicios de comunicación: los medios comerciales, los medios del Estado y reserva un 33 por ciento para el sector comunitario sin fines de lucro, que hasta la modificación antes mencionada no podía tener legalmente emisoras por no perseguir un beneficio comercial. Del mismo modo, se regularizará la situación de los medios comunitarios.
Esta modificación no es menor, permitirá el acceso a asociaciones civiles, a las distintas universidades que antiguamente debían concebirse como organizaciones comerciales para poseer una licencia.
Acompañando este proceso de concepción de la comunicación como un derecho, se encuentra el proceso de modificación de las licencias. Estableciendo nuevos patrones para otorgarlas, como garantizar la idoneidad, tener relación con la actividad que va ejercerse y quedando completamente excluidas de la posibilidad de una licencia aquellas personas que tuvieron relación con gobiernos de facto; también se modificaron los tiempos de duración. Con el proyecto de Ley, los plazos de las licencias serán de 10 años y podrán renovarse previa audiencia pública. A su vez, permite que las licencias sean revisadas cada dos años para evitar que por medio de la aplicación de tecnologías un mismo licenciatario pueda multiplicar las señales, concentrando parte del espectro.
En cuanto a la tenencia de licencias, se estableció un máximo de diez licencias de señales sonoras de televisión abierta o por cable.
La nueva ley plantea una nueva Autoridad de Aplicación, un organismo integrado por representantes de la legislatura nacional, la segunda y tercera minoría, representantes del Poder Ejecutivo nacional. Al mismo tiempo, establece una Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de Servicios de Comunicación Audiovisual, para evaluar el desempeño de la autoridad de aplicación.
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